Se suele manifestar siempre que los organismos públicos no se adaptan a la transformación digital. Evidentemente esto no es así, el tema es que tienen que adaptase en forma imperiosa por dos motivos esenciales:en primer lugar porque la transformación digital implicará un mayor ahorro de costes, un detalle muy importante a tener en cuenta, toda vez que el dinero es del ciudadano. En segundo lugar porque los ciudadanos son los primeros que exigen una reducción de la burocracia, y las nuevas tecnologías permiten precisamente eso.
La realidad es que las administraciones sí están haciendo los deberes y adoptando medidas para afrontar la transformación digital. Según el informe DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital) de 2019 de la Comisión Europea, España ha mejorado en el ranking de países de la Unión Europea fundamentalmente en las áreas de Conectividad y Servicios Públicos Digitales.
Según dicho informe, España dispone de una buena conectividad gracias a la disponibilidad de redes de banda ancha fijas y móviles, rápidas y ultrarrápidas, con una gran aceptación, obteniendo la posición 9 de 28 en esta categoría. Asimismo, tiene una buena posición, el 4º lugar, en el área de servicios públicos digitales ya que el estudio considera que se implementó una correcta estrategia de gobierno electrónico en su momento con la implementación de la Administración Electrónica.
Sin embargo queda mucho trabajo por hacer,aún principalmente teniendo en cuenta que hay una escasa integración de las tecnologías digitales, la baja utilización de la nube o lo referente al comercio electrónico. Tal y como opina Begoña Sanz, directora de ventas de AA.PP., asegura que “el plan estratégico 2015-2020 de transformación digital se ha llevado a cabo con algunas dificultades debido a la situación política y presupuestaria del país en los últimos años. Es importante la elaboración del nuevo plan estratégico para los próximos años, así como la estabilidad presupuestaria para poder llevarlo a cabo”.
Son varios los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas a la hora de afrontar sus procesos de digitalización.
Uno de los principales retos de las AAPP es el de poner en marcha una Administración Digital eficiente, interconectada y que sea el centro de la misma el propio ciudadano y las empresas, de forma que los servicios públicos puedan ser utilizados por todos los ciudadanos a través de los mismos medios que utilizan cualquier otro tipo de servicio como puedan ser los de los bancos, comercio electrónico y otros. Para ello, será también necesario abordar retos de simplificación administrativa, legal y adaptación a las nuevas tecnologías”.
